El Supremo aprueba la exhumación de los restos de Franco y su traslado a El Pardo
El Tribunal sentencia que el cadáver del dictador tiene que salir del Valle de los Caídos y trasladado al cementerio propuesto por el Gobierno
Sus descendientes han mantenido que sólo aceptarían su salida de Cuelgamuros si se le inhumaba en la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid
La justicia da luz verde a una de las propuestas simbólicas de Pedro Sánchez tras quince meses de enfrentamiento con los nietos de Franco
Los restos del dictador Francisco Franco serán exhumados de la basílica del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio de Mingorrubio, en el barrio madrileño de El Pardo, como había propuesto el Gobierno. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictaminado este martes que el cadáver del dictador debe abandonar Cuelgamuros, dado que la ley de Memoria Histórica prevé que ese monumento se convierta en un espacio de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Los jueces también han avalado el criterio del Ejecutivo sobre dónde llevar los restos. El Gobierno propuso trasladarlos al cementerio de Mingorrubio, en el barrio madrileño de El Pardo, donde descansa Carmen Polo, la mujer del dictador. Los descendientes de Franco han mantenido que sólo aceptarían su salida del Valle de los Caídos si se le inhumaba en el nicho propiedad de la familia en la cripta de la catedral de La Almudena, ubicada en pleno centro de Madrid. Allí están enterrados su hija Carmen y su marido, el marqués de Villaverde. Esa catedral está a pocos pasos del Palacio Real, anteriormente conocido como de Oriente y centro de exaltación franquista.
Esta sentencia pone fin a quince meses de enfrentamientos legales en los que los Franco han intentado truncar los planes de sacar el cadáver de Franco del conjunto monumental. Pedro Sánchez anunció que quería exhumar al dictador tras ganar la moción de censura en junio de 2018, como un gesto simbólico para las víctimas del franquismo. El Valle de los Caídos está financiado por el Estado, es de titularidad y pública y aloja al dictador junto a miles de sus víctimas.
Entonces, el Gobierno inició un procedimiento administrativo y rechazó todas las alegaciones que presentaron los nietos de Franco, logrando que el Congreso de los Diputados avalara sus planes, con la abstención de PP y Ciudadanos. La familia decidió acudir a la justicia y presentó una demanda ante el contencioso administativo del Supremo que ahora le da la razón.
La exhumación estaba paralizada cautelarmente desde el 4 de junio, cuando el mismo tribunal ordenó que se suspendiera la operación, prevista para el 10 de junio, a la espera de una sentencia definitiva.
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