La licencia de obras se convierte en la última trinchera de los franquistas contra el plan del Gobierno para exhumar al dictador
Mientras el Ejecutivo daba por cerrado el expediente y esperaba la decisión final del Supremo, un juez crítico con la memoria histórica suspendió el trámite urbanístico
Un informe rápido y “barato” sobre el “peligro” para las personas de la obra ha convencido al magistrado Yusty y puesto más obstáculos en el plan de exhumación
Una batería de recursos calcados provoca decisiones judiciales contrarias y obliga a unificar criterios lo que añade retraso e incertidumbre
El Gobierno dio por cerrado el expediente para cerrar la exhumación de Franco el 15 de febrero pasado. “Ha sido difícil”, dijo ese viernes la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Esta última semana judicial le ha contestado a la ministra: la operación es todavía un poco más complicada. Mientras el Ejecutivo daba por culminado el proceso administrativo y ya esperaba que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre las alegaciones de la familia del dictador, en la calle de Gran Vía en Madrid se estaba produciendo un vaivén de recursos judiciales que buscaban trabar el proyecto de exhumación. En esa avenida de la capital, famosa por sus comercios, teatros y franquicias, se concentran también muchas sedes de lo Contencioso-Administrativo que han recibido decenas de impugnaciones coordinadas contra el visto bueno urbanístico otorgado por el municipio donde se erige el Valle de los Caídos, San Lorenzo de El Escorial.
Muchos de esos recursos han utilizado los mismos argumentos y han echado mano del mismo informe pericial firmado por el exalto cargo del Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre (PP) el arquitecto Enrique Porto Rey: la obra entraña “peligro” para las personas, dice. De las casi veinte impugnaciones, una cristalizó el 25 de febrero. La petición de medidas cautelares estudiada por el magistrado José Yusty Bastarreche obtuvo un veredicto a favor colocando más trabas al deseo del presidente Pedro Sánchez de sacar al dictador de Cuelgamuros. Yusty ha sido muy crítico con la ley de memoria histórica sobre la que escribió en 2007: “Representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro”.
El análisis de Porto Rey fue un trabajo “fácil. Muy barato” y rápido, según lo ha calificado su propio autor. Recibió el encargo de la Fundación Francisco Franco el 10 de enero y lo solventó en menos de una semana al firmarlo el 16 del mismo mes. ¿Cómo llegó a manos de tantos recurrentes particulares? Él no lo sabe. Tampoco el cliente. Así que fue suficiente con que un “análisis de la normativa”, como lo define Porto, fuera distribuido a decenas de personas y estas lo incluyeran en sus recursos judiciales para que, al llegar a un magistrado como Yusty Bastarreche, se dictara la suspensión del informe urbanístico favorable.
El recurso que ha terminado en suspensión cautelar lleva como demandante a Leonardo Falcó Rodríguez. Director en una escuela de vuelo. ¿Qué le movió a presentar el escrito? ¿Cómo se hizo con el informe pericial del arquitecto Porto? eldiario.es ha tratado de recabar su opinión sin obtener respuestas.
La decisión de este juez va en sentido contrario a las disposiciones que han hecho otros tres magistrados en 15 recursos. El abogado que lleva buena parte de la batería de recursos, Francisco Javier Zaragoza, ha salido a la palestra mediática para asegurar que con que hubiera un auto con medidas cautelares, “prevalecía”, por lo que la tramitación de las obras estaba efectivamente paralizada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que unificar criterios.
Almudena, Vaticano y prior falangista
El Gobierno ha admitido que la estrategia de fuego de racimo judicial que ha dispersado los recursos hasta dar con un juez favorable puede suponer más retraso a un proyecto que fue anunciado por primera vez en junio de 2018. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa, aseguró que Franco estaría fuera del Valle de los Caídos antes de que terminara el verano. Apenas un mes después admitió que había pecado de falta de experiencia con ese vaticinio.
Después llegó el problema de la sepultura que la familia Franco dispone en la catedral de la Almudena en Madrid donde amagaron con llevar los restos de su pariente. Inaceptable para el Ejecutivo (sería consagrar un punto de peregrinación franquista en el centro de la capital), la vicepresidenta Carmen Calvo viajó al Vaticano en octubre de 2018 para recabar el apoyo de la cúpula católica y el compromiso de que Franco no terminaría en la catedral madrileña. La curia no ha puesto problemas a los planes del Ejecutivo.
Sin embargo, desde las filas católicas, aunque de rango muy inferior, apareció un resistente: el prior que dirige el Valle de los Caídos. De pasado falangista, Santiago Cantera se ha negado reiteradamente a dar vía libre al proyecto de exhumación. El Gobierno aún no puede garantizar si el dictador saldrá del Valle de los Caídos en primavera. El Ejecutivo incluso ha tratado de llegar a un acuerdo in extremis con la familia Franco después de culminar su expediente que los descendientes del dictador han rechazado para llevar su oposición hasta el último extremo judicial en el Supremo. Y a todo eso se le añadido lo que han llamado el “bache menor” del juez Yusty Bastarreche.
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