El 11 de marzo de 2004 (11M), entre las 7.37 horas y las 7.40 horas de la mañana, diez artefactos explosivos colocados por varios miembros de un grupo yihadista en cuatro trenes de Madrid en el tramo entre Alcalá de Henares y Atocha detonaron de forma casi simultánea.
Más tarde, y tras un intento de desactivación, la policía detonó de forma controlada dos artefactos que no habían estallado. Tras ello desactivaron un tercero que permitiría, debido a su contenido, iniciar las primeras pesquisas que conducirían a la identificación de los autores.
Los terroristas activaron mediante teléfonos móviles las bombas, que mataron en el acto a 176 personas en las estaciones de Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y la calle Téllez, y otras 15 fallecieron en los distintos hospitales de la capital. En total, los atentados dejaron 193 víctimas mortales y más de 1800 heridos, en su mayoría, trabajadores y estudiantes del Corredor del Henares y Vallecas que se dirigían a sus respectivos centros laborales o educativos.
Este ha sido el mayor atentado de la historia de España y el segundo mayor atentado cometido en Europa, aunque no fue el primer atentado yihadista perpetrado en España: en 1985 se produjo el atentado del restaurante El Descanso, que causó 18 muertes.
Las fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y también la ciudadanía respondieron con creces a la mayor emergencia que hasta el momento había sufrido España rescatando a quienes estaban atrapados entre los escombros y salvando vidas ajenas. También fue ejemplar la asistencia voluntaria de casi 900 psicólogos, que atendieron de forma altruista a las víctimas durante 15 días.
11M, el mayor atentado de la historia de España
Una mochila-bomba sin estallar hallada en las inmediaciones de El Pozo, permitió conocer el tipo de explosivo y el número de la tarjeta del móvil al que estaba conectado y permitió a la policía encontrar a los responsables. No había pasado un mes del atentado cuando el 3 de abril la Policía daba con siete de los terroristas en un piso de la localidad madrileña de Leganés. Cercados por los GEO, la célula hizo detonar una bomba que acabó con sus vidas y la del subinspector de los GEO, Francisco Javier Torronteras.
No fue hasta el 15 de febrero de 2007 cuando arrancó en Madrid el juicio. La sentencia llegó en octubre para concluir que en los atentados participaron 21 los terroristas: dos como autores materiales de la matanza; ocho como colaboradores necesarios y 13 como integrantes del grupo terrorista. Sus penas oscilaron entre los tres años, para algunos colaboradores, y los 42.000 años de prisión para quienes detonaron las bombas.
El Estado ha indemnizado a las víctimas con cantidades que oscilan entre los 30 mil y el millón y medio de euros y, a día de hoy, heridos o familiares de fallecidos necesitan ayuda psicológica por estrés postraumático, ansiedad o depresión. Además, 89 sufrieron heridas que les han dejado totalmente inválidos o con un grado de incapacidad física que les inhabilita para trabajar.
En 2012 volvió a abrirse la causa a petición de la Fiscalía General del Estado y, tres meses más tarde, se archivó sin cambios en las conclusiones de la sentencia.
La atribución del atentado del 11M a ETA
En las primeras declaraciones hechas por parte del entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, se atribuyó al grupo terrorista vasco ETA la autoría del atentado, algo descartado más tarde tras la investigación policial. El entonces presidente del país, a la espera de las elecciones del 14M, José María Aznar, el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana y el candidato a la presidencia del PP, Mariano Rajoy, insistieron también en la autoría de ETA.
El 12 de marzo, la cadena Ser desveló una circular que la ministra de Exteriores, Ana Palacio, había mandado a todos los embajadores españoles del mundo para que confirmaran la autoría de ETA ante los gobiernos y medios de comunicación de los respectivos países.
También apoyaron esta teoría periódicos como El Mundo que publicó portadas polémicas como las que dedicó Pedro J. Ramírez a dos entrevistas con el colaborador asturiano de los islamistas, José Emilio Suárez Trashorras, que proporcionó la dinamita para las bombas. En ellas, Trashorras apuntaba a una colaboración entre ETA y los yihadistas, y afirmaba que la Policía le había ofrecido “dinero y un piso” para inculparlos. Todo ello, lo desmintió después, alegando que “mientras El Mundo pague, yo les cuento la Guerra Civil”.
También la agencia EFE publicó el sábado día 13 la noticia de que las pistas apuntaban a ETA y descartaban a Al Qaeda.
Tras la debacle del PP en las elecciones, el partido siguió apoyándose en las informaciones engañosas publicadas por medios como El Mundo, Libertad Digital o la Cope como que la mochila encontrada en las inmediaciones del Pozo era una prueba falsa y llegando incluso a acusar a la policía de fabricar pruebas. Años después, diversos medios implicados en la teoría de la conspiración siguieron y siguen creando incertidumbre sobre la investigación.
Fue necesaria una masacre como la del 11M para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se unificaran en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, el primer organismo que centralizaba sus operaciones y facilitaba la comunicación policial.
Además, se inició un proceso de especialización y formación continua de los cuerpos policiales que ayudó a aumentar los efectivos destinados a una mejor lucha antiterrorista y se procedió a poner en funcionamiento una política de dispersión de los presos yihadistas para evitar que las cárceles se convirtieran en un nuevo foco de radicalización.
Todo esto hizo que la población musulmana en España, y en toda Europa, se viese sometida a un proceso de remarginalización que impedía su normal acceso a puestos de trabajo e integración social y supuso un aumento de las agresiones islamófobas.
Organizaciones como SOS Racismo han denunciado la representación durante años de la comunidad musulmana relacionándola con la violencia yihadista en diversos medios de comunicación.
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