“Nos dirigimos a usted, señor presidente”, dice la carta, “para conocer si, en su condición de vicepresidente del Parlamento Europeo, cuando se puso en marcha esta operación contra Podemos, o desde que es presidente de esta institución, tiene constancia o ha recibido alguna notificación o indicio, por parte de los servicios de seguridad de la Eurocámara o de otros departamentos, de hechos susceptibles de ser relacionados con esta operación como, por ejemplo, ataques contra los equipos informáticos o de telefonía móvil de la la delegación de Podemos”.

Iglesias dimitió de eurodiputado el 28 de octubre de 2015 y con él sus asistentes, entre ellos, Dina Bousselham. A Bousselham le robaron el móvil de cuyo contenido algunos medios publicaron informaciones, sólo tres días después: el 1 de noviembre de 2015.

“Todos los indicios apuntan a que la guerra sucia contra Podemos empezó cuando Pablo Iglesias y cuando Podemos accedió al Parlamento Europeo”, afirma el portavoz de Podemos en la Eurocámara, Miguel Urbán: “Es una trama que presuntamente pudo afectar a Pablo Iglesias mientras éste fue eurodiputado e incluso no sabemos si a otros eurodiputados de Podemos o de otras formaciones del Parlamento. Por eso pedimos amparo a Tajani y que como presidente de la Eurocámara investigue si se siguió por parte de la policía patriótica o se investigó a Pablo Iglesias cuando era miembro del Parlamento Europeo o si se ha investigado por parte de las cloacas a cualquier otro diputado o trabajadores de Podemos o de otras formaciones”.

¿Se montó todo el operativo en 72 horas para hacerse con el teléfono de Bousselham o el seguimiento venía de antes? Es la pregunta que se hace la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo, y por lo que pide al presidente de la Eurocámara que abra una investigación.

“Le solicitamos”, dice la carta de los eurodiputados de Podemos a Tajani, “que se abra una investigación por parte de los servicios de seguridad e informáticos del Parlamento Europeo, si fuera necesario incluso contando con la colaboración de las autoridades policiales o de inteligencia concernidos, para determinar si Pablo Iglesias y/o sus colegas eurodiputadas y eurodiputados, sus asistentes o los trabajadores de Podemos, o eurodiputados de otros partidos y sus respectivos equipos, fueron espiados de algún modo, tanto en el interior de las instalaciones de la institución que usted preside como ejerciendo sus respectivas responsabilidades y funciones en el seno de la misma”.

Esta petición a Tajani llega una semana después de que una treintena de eurodiputados de nueve países y tres grupos parlamentarios (Greens/EFA, GUE/NGL y ALDE) han enviado una carta a la Comisión Europea en la que preguntan qué medidas piensa tomar ante el “espionaje y sabotaje a oponentes políticos en España.

“Se ha producido un escándalo en España con la posible participación, directa o indirecta, de los partidos políticos en el poder, así como parte de los medios de comunicación nacionales”, afirmaba la carta de los eurodiputados: “Estos hechos representan un serio ataque al estado de derecho y la libre participación política”.

El texto explicaba que “el escándalo consiste en operaciones de espionaje y sabotaje contra opositores políticos, supuestamente orquestados por el Ministerio del Interior español durante la administración del expresidente del Partido Popular Mariano Rajoy, que y fue llevado a cabo por altos funcionarios policiales junto con parte de los medios nacionales”.

“La fabricación de pruebas condenatorias para crear una campaña de intoxicación, el robo de un teléfono móvil de un asistente parlamentario de Pablo Iglesias días después de dejar su asiento en Bruselas, son todos parte de los hechos conocidos como las cloacas del Estado español”, prosigue el texto. Y concluye con una pregunta dirigida al Ejecutivo comunitario: “Dada esta contundente violación de los derechos fundamentales y el Estado de derecho en España, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión como garante del respeto de los valores y la legislación de la UE?”

Entre los firmantes de la carta estaban Miguel Urbán (GUE/NGL), Tania González (GUE/NGL), Marina Albiol (GUE/NGL);  Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ana Miranda (Greens/EFA), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Bart Staes (Greens/EFA), António Marinho e Pinto (ALDE), Izaskun Bilbao (ALDE), Ernest Urtasun (Greens/EFA), Josep-Maria Terricabras (Greens/EFA), y Jordi Solé (Greens/EFA).

La fabricación de informes policiales se usó contra Podemos cuando el partido de Pablo Iglesias se convirtió a lo largo del año 2015 en un serio aspirante a llegar al Gobierno, según algunas encuestas que le daban la segunda posición en votos por detrás del Partido Popular. Fue entonces cuando se difundió el informe PISA, otro texto sin firma ni membrete sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que fue ofrecido desde las cloacas del Estado a distintos medios de comunicación. Llegó unos días antes de la constitución de Las Cortes, tras los comicios diciembre de 2015, a la redacción de El Mundo, cuyo director de entonces, David Jiménez, se negó a publicarlo. Lo ha explicado el propio Jiménez en una entrevista reciente a eldiario.es donde habla de un asunto que está en su libro, El Director, que ha editado Libros del K.O. “A mí se me ofrecieron dos informes de Podemos que uno lo veía y decía que esto no tiene seriedad, no tiene un sello, no tiene absolutamente nada”, explica Jiménez, quien en el libro cuenta que unos días después los vio publicado en Ok Diario y El Confidencial.

De la supuesta investigación policial nunca más se supo, pese a que las informaciones aludían a supuestos atestados de inteligencia, que no tenían ni sello ni firma.

Las maniobras contra Podemos por parte de la policía política no acabaron ahí. La Audiencia Nacional investiga ahora quién difundió información del móvil robado a una de las colaboradoras de Pablo Iglesias en noviembre de 2015 y del que se extrajeron conversaciones privadas del líder de Podemos que luego publicaron algunos medios. El mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga otras causas relacionadas con el ex comisario José Manuel Villarejo –el contenido del terminal apareció en uno de los registros de las viviendas del comisario– ha enviado, según adelantó eldiario.es, a agentes de policía a la redacción de Ok Diario, el medio que publicó los mensajes de Iglesias, para requisar copia de información contenida en el teléfono de la colaboradora del político y ordenó al periódico de Eduardo Inda que se abstenga de publicar ninguna otra noticia relacionada con el contenido del terminal robado.

El escándalo se ha cobrado una víctima en el equipo de colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alberto Pozas, exdirector de la revista Interviú, que tuvo en su poder ese material procedente del móvil de la colaboradora de Iglesias pero decidió no publicarlo, dimitió tras saber que deberá comparecer como testigo en la Audiencia Nacional, para que el asunto no salpique al Gobierno. Pozas, tras prestar declaración, fue imputado por el magistrado que indaga en el caso por los hechos relacionados cuando era director de Interviú.

Es la primera dimisión que se ha cobrado la sucesión de escándalos de la policía política. La cúpula del Ministerio del Interior con Rajoy sigue en las instituciones. El exministro Jorge Fernández Díaz, al que Pablo Casado dio un puesto en la nueva dirección del PP, continúa como parlamentario en la Diputación Permanente del Congreso, igual que el que fue su número dos, Francisco Martínez. Quien era director de la Policía, Ignacio Cosidó, continúa como senador.