La UE avisa a Hungría, Polonia y Rumanía: el Parlamento Europeo aprueba retirar fondos comunitarios a los países corruptos
Bruselas da un paso más en su defensa de los “valores de la UE y el Estado de Derecho” ante las amenazas a la separación de poderes en algunos países
Los países que pongan en riesgo la separación de poderes o no combatan el fraude y la corrupción podrán ver congelados pagos procedentes del presupuesto comunitario
El pleno del Parlamento ha respaldado un proyecto que ahora deberá ser negociado con los ministros de la UE, una vez los Estados miembros fijen una posición común
En la Unión Europea todo es lento. Tiene múltiples procedimientos y nunca se sabe bien cuándo las cosas entran en vigor. Por ejemplo, en septiembre pasado el Parlamento Europeo aprobó el artículo 7 para Hungría. Es decir, un informe que denunciaba la falta de libertades, el acoso a la universidad, a las mujeres y las ONG y, además, la amenaza al sistema judicial. Pero el Gobierno del derechista Víktor Orban aún no ha visto ninguna traducción de aquello.
Caso distinto es en Polonia, en el que el ultraconservador Ley y Justicia gobernante va haciendo el tira y afloja con Europa, que le tiene sometido a otro artículo 7, con los reglamentos para nombrar y jubilar jueces a su medida.
En Rumanía, país presidente de turno de la UE en el momento más crítico del club, ha recibido numerosas advertencias por la ligereza con la que deja irse de rositas a los acusados por corrupción. El líder del gobernante partido socialdemócrata ha denunciado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la UE por considerar que utiliza métodos ilegales para investigar la corrupción en el país.
Pero aquello que establece el célebre artículo 7, que una sanción a un Estado miembro por contravenir “los valores fundacionales de la UE”, por saltarse las reglas que uno firma a la entrada del club, suponga dejarle sin voto en el Consejo –en las reuniones de los Estados donde al final se deciden las cosas– no llega a terminar de tomarse.
La decisión de este jueves del Parlamento Europeo viene a intentar ese problema: en tanto que los Estados nunca se van a poner de acuerdo para dejar a un colega sin voto, al menos que se le pueda atacar al bolsillo, que muchas veces es donde más duele.
El pleno del Parlamento ha respaldado un proyecto legislativo que ahora deberá ser negociado con los ministros de la UE, una vez los Estados miembros fijen una posición común. El texto fue aprobado con 397 votos a favor, 158 en contra y 69 abstenciones.
La Comisión Europea, asistida por un panel de expertos independientes, deberá determina la existencia en un país de “deficiencias generalizadas en lo relativo al Estado de derecho” que amenazan la gestión del dinero europeo. Podrá entonces decidir suspender algún pago, o reducir la prefinanciación de proyectos aprobados. La medida sólo se ejecutará tras recibir el visto bueno del Parlamento y el Consejo. Los pagos podrán desbloquearse, también previa aprobación de la Cámara y los ministros, si se remedia la situación.
La Comisión podrá determinar que existe una amenaza para el Estado de derecho en caso de riesgos en alguno o varios de los siguientes ámbitos: los organismos responsables de la gestión del presupuesto comunitario en el país; los organismos encargados del control financiero, la supervisión y las auditorías internas y externas; la persecución del fraude, incluido el fraude fiscal, la corrupción u otras infracciones legales que afecten al presupuesto de la Unión; el control jurisdiccional efectivo por órganos jurisdiccionales independientes; la recuperación de fondos pagados indebidamente; la prevención y sanción de la evasión fiscal y la competencia fiscal, y la cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, si procede, con la Fiscalía Europea.
La Comisión creará un grupo de expertos independientes, especialistas en Derecho Constitucional y asuntos financieros y presupuestarios, con un representante designado por cada parlamento nacional y cinco por el Parlamento Europeo. Se encargarán de evaluar la situación en todos los Estados miembros anualmente, y publicarán un informe con sus conclusiones.
En función del tipo de deficiencia detectada en la gestión del presupuesto, la Comisión puede inclinarse por una o varias medidas, como: suspensión de compromisos de pago, interrupción de los plazos de pago, reducción de la prefinanciación, y suspensión de pagos.
A no ser que se establezca lo contrario, el Gobierno afectado seguirá obligado a desarrollar el programa o proyecto, y deberá por tanto pagar a los beneficiarios finales, como investigadores u organizaciones de la sociedad civil.
La Comisión ofrecerá ayuda a los intereses para garantizar que reciben las cantidades debidas. El Ejecutivo comunitario también enviará al Parlamento y los ministros una propuesta para transferir la cantidad afectada a la reserva presupuestaria. Esta decisión entrará en vigor a las cuatro semanas, a no ser que el Parlamento por mayoría de los votos emitidos, o el Consejo por mayoría cualificada (que supone que un sólo país no podrá bloquear) modifique la propuesta o la rechace. El mismo procedimiento se aplicará para el desbloqueo de los fondos.
La ponente de la comisión de Presupuestos, Eider Gardiazábal Rubial (S&D, España) subrayó que “el respeto al Estado de derecho y los valores fundamentales son los principios sobre los que se construye el proyecto europeo. Ningún gobierno debe vulnerar esos valores sin sufrir las consecuencias”.
El ponente de la comisión de Control Presupuestario, Petri Sarvamaa (PPE, Finlandia) hizo hincapié en las garantías para los beneficiarios, reforzadas por el Parlamento respecto a la propuesta de la Comisión. “También hemos incluido a la Cámara en el proceso de toma de decisiones, para potenciar la rendición democrática de cuentas”, agregó.
Por otro lado, la Eurocámara votó incrementar el presupuesto del Programa de Derechos y Valores para el periodo 2021-2027 hasta 1.834 millones de euros, casi el triple de lo propuesto por la Comisión Europea (642 millones).
Este programa tiene por objeto la promoción de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en la UE, incluida la asistencia financiera a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos ámbitos.
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