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Delata a tu profesor: una política del partido de Bolsonaro pide denunciar el “adoctrinamiento de izquierdas”

Una legisladora del partido del presidente electo insta a los estudiantes a denunciar a los maestros que se quejan de su victoria

Una legisladora recién elegida que milita en las filas del partido de Bolsonaro ha lanzado una campaña para animar a los estudiantes a denunciar a los profesores que se quejen de la victoria del ultraderechista.

Este llamamiento se ha hecho días después de que las autoridades electorales apareciesen en medio de encuentros universitarios y clases sobre fascismo con el pretexto de que habían roto las reglas electorales. Todo esto ha despertado el miedo a que la histórica victoria de Bolsonaro de este domingo conduzca a la persecución ideológica.

Ana Campagnola, profesora de historia, fue elegida para el Parlamento del estado de Santa Catarina por el partido PSL de Bolsonaro en la primera vuelta el pasado 7 de octubre. Este domingo, lanzó su campaña en Facebook y les dijo a sus 70.000 seguidores que estén pendientes de los “maestros adoctrinadores” que expresen indignación por la victoria de Bolsonaro.

Además, dio un número de WhatsApp para que los estudiantes “filmaran o grabaran cualquier expresión partidista o ideológica que humillara u ofendiera su libertad de fe y conciencia”.

Durante una entrevista con una radio local, Campagnola aseguró que había recibido un montón de denuncias. Cuando una de sus seguidoras en la red social puso en duda la legalidad de filmar en una clase, la política advirtió: “Simplemente pórtate bien y no habrá razón para tener miedo”.

Por el momento, no se ha podido contactar con Campagnola. Su Facebook la describe como “anti-lloricas, anti-marxista y anti-feminista”. También es presentadora de un canal de Youtube y defiende los ideales de Escola Sem Partido, una campaña de derechas para prohibir las preferencias “ideológicas, políticas o partidistas” en las aulas.

En septiembre, un juez rechazó una demanda presentada por Campagnola contra la profesora feminista que supervisaba su máster en historia en la Universidad Estatal de Santa Catarina. Campagnola reclamaba unos 4.000 euros en daños por “intolerancia” y “persecución religiosa y político-ideológica”. Ha recurrido la sentencia.

La libertad de pensamiento, en peligro

Su campaña llegó días después de que la policía y las autoridades electorales visitaran docenas de universidades en todo Brasil para frenar lo que, según decían, era propaganda electoral que no está permitida en edificios públicos. Algunas de las pancartas y manifiestos retirados no mencionaban a ningún candidato por su nombre.

En una universidad cerca de Río de Janeiro, la policía retiró una pancarta con un símbolo antifascista. Un grupo de estudiantes de la Universidad Federal de Grande Dourados, en el estado de Grosso do Sul, recibió la orden de detener un encuentro llamado “Clase abierta sobre fascismo” y los líderes estudiantiles fueron interrogados por la policía.

El miércoles, la policía irrumpió en la clase de Mário Brasil Xavier en Igarapé-Açu durante una lección de ciencias sociales en la Universidad Estatal de Pará. Xavier le contó a the Guardian que los estudiantes le habían pedido hacer fotos de sus diapositivas y que él, de broma, les contestó que sí, siempre y cuando no las usasen para producir noticias falsas.

Los investigadores han demostrado que los seguidores de Bolsonaro difundieron más noticias falsas antes de los comicios que los de su rival progresista Fernando Haddad. Esta acusación indignó a los votantes del ultraconservador.

Uno de los estudiantes de Xavier llamó a su padre, que llegó con tres policías bien armados e interrogaron al profesor.

“Uno de los policías dijo que yo estaba mostrando mis preferencias políticas al hablar de noticias falsas”, comentó el profesor. Xavier se negó a acompañar a los policías a una comisaría sin un abogado y la universidad está investigando ahora la visita policial.

La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, dijo el viernes que las redadas habían “atentado contra los principios constitucionales” y un juez del Tribunal Supremo dictaminó que no se podían interrumpir las clases ni los debates.

“La libertad de pensamiento no es una concesión del Estado. Es un derecho fundamental”, dijo la jueza del Supremo Carmen Lúcia en su sentencia.

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