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Delito de solidaridad | ctxt.es

Francia condena la militancia del agricultor Cédric Herrou, que acoge a migrantes africanos sin papeles. La exención humanitaria solo vale si es apolítica

ÉRIC FASSIN (MEDIAPART)

En el Derecho francés, “el delito de solidaridad no existe”. La Ligue des droits de l’homme acaba de recordárselo al ministro del Interior, Gérard Collomb. Sin embargo, el pasado 8 de agosto Cédric Herrou fue condenado, en segunda instancia, a cuatro meses de prisión con suspensión de la pena por haber ayudado a migrantes africanos que han cruzado la frontera franco-italiana. La amenaza que acompaña a esta “condena de aviso” adquiere todo su sentido cuando caemos en que Herrou había sido acusado de nuevo unos días antes, el 26 de julio, por “ayuda a la circulación y residencia de extranjeros en situación irregular”. Él lo ha entendido a la primera: “Solo tienen que meterme directamente en la cárcel. Sería lo más sencillo”.

Sin embargo,  debería de ser evidente que este “agricultor,  criador de pollos y ciudadano”, según la descripción que aparece en su página de Facebook, no tiene nada de traficante. Los magistrados que le han condenado parecen no haber leído la hermosa carta que su madre dirigió al fiscal: “Hemos sido familia de acogida durante 25 años. […] Así que cuando Cédric os dice que estos niños que ve en nuestros caminos y carreteras de La Roya son sus hermanos y hermanas, no os miente. ¡Tenemos cuatro hijos porque Cédric y su hermano Morgan aceptaron integrar a dos de estos niños en su familia, ahora son su hermana y su hermano y estamos orgullosos de ello! Esa es, señor fiscal y todos aquellos que lo califican de coyote, de traficante de seres humanos y de ladrón, la persona con la que tiene usted que tratar”.

Cédric Herrou, con la asociación Roya citoyenne, acoge a migrantes para ayudarles a solicitar una demanda de asilo, en el valle de la Roya, fronterizo con Vintimille. Lejos de toda clandestinidad, estos militantes, vigilados de forma permanente, actúan a plena luz del día, y de forma concertada con los gendarmes locales. En estas condiciones, ¿cómo se puede pretender afirmar que son traficantes? Cuando se conoció la condena, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, la Cimade, el Secours catholique y Médicos sin Fronteras protestaron con una sola voz: “Ni traficantes, ni delincuentes: defensores de los derechos humanos”. La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) también reaccionó enseguida: “¡Es urgente que el delito de solidaridad sea realmente abolido!”. ¿Pero cómo entender que es necesario abolir un delito que no existe?

Una contrapartida política

Al contrario que los jueces de Niza, que mantuvieron en primera instancia la exención humanitaria, la corte de apelación de Aix-en-Provence reprocha a  Cédric Herrou “una iniciativa de acción militante”; algo que efectivamente él  reivindica alto y claro. Según los magistrados, es esto lo que no le permitiría beneficiarse de la ley del 31 de diciembre 2012 que “modifica el delito de ayuda a la estancia irregular para excluir del mismo las acciones humanitarias y desinteresadas”, “cuando el acto reprochado no dé lugar a ninguna contrapartida directa o indirecta”. La corte retoma así el análisis del fiscal: “Cuando la ayuda se inscribe en la contestación global de la ley, sirve a una causa militante y constituye de esta manera una contrapartida”. Dicho de otra manera, la exención humanitaria solo vale si es apolítica: la justicia autoriza la caridad, no la solidaridad.

Es comprensible por tanto la satisfacción de Christian Estrosi, alcalde de Niza por la formación conservadora Les Républicains (LR), que tuiteó después del veredicto: “Cédric Herrou condenado por la Corte de Apelación de Aix. Por fin se reconocen sus provocaciones como lo que son, acciones militantes ilegales”.

Cédric Herrou condamné par la Cour d’Appel d’Aix. Ses provocations enfin reconnues pour ce qu’elles sont, des actions militantes illégales. https://twitter.com/le_figaro/status/894830726805377025 

Éric Ciotti, diputado de LR por la región de los Alpes-Maritimos, se unió a su rival en esta cuestión: “La Justicia por fin ha dicho claramente que el señor Herrou es un delincuente que instrumentaliza la miseria humana. ¡Sus acciones son peligrosas!”.

La justice dit enfin clairement que M. Herrou est un délinquant qui instrumentalise la détresse humaine.Son action est dangereuse !

Así pues el compromiso político bastaría para hacer entrar al militante solidario en la categoría de traficante. Este el punto de vista del Frente Nacional, reivindicado por su vicepresidente Florian Philippot : “El gran ‘humanista’ Cédric Herrou, traficante de migrantes, no era en realidad más que eso. No hay humanismo en la explotación de la miseria”.

En cuanto al ministro del Interior, Gérard Collomb, ya sabemos lo que piensa de la militancia en favor de los derechos humanos. “A las asociaciones –declaró el 23 de junio en Calais— les diría que tal vez haya otros lugares en los que pueden desplegar su saber hacer”.

¿Por qué tanta hostilidad? Días antes, el 16 de junio, varias ONG habían solicitado un procedimiento de protección de derechos fundamentales, y el 26 de junio el tribunal administrativo de Lille exigió al Estado y a la Alcaldía de Calais que instalase sanitarios y fuentes de agua “para evitar que los migrantes se viesen expuestos a un tratamiento inhumano”. El 31 de julio, el Consejo de Estado rechazó la apelación del ministro y de la alcaldesa de esta localidad, Natacha Bouchart. La primera edil ha continuado proclamando, sin embargo, alto y claro que ella no respetaría la orden de la justicia, sin que por ello se exponga, no obstante, a la más mínima sanción o tan siquiera a la más mínima crítica del ministro, menos preocupado por la legalidad cuando se trata de atacar a los migrantes que cuando se trata de defenderlos. Si Collomb no muestra la misma indulgencia con respecto a las asociaciones, y si de alguna manera las invita a “irse al carajo”, es porque estas se dedican a hacer ver aquí que la inhumanidad del Estado es contraria al Estado de Derecho [1].

Desenmascarar la política

¿Por qué perseguir la solidaridad? En el hostigamiento a Cédric Herrou, el razonamiento de la justicia lo pone claramente de manifiesto: lo que se condena es la militancia. Se trata evidentemente de un proceso político. No es tanto el humanismo generoso del olivarero lo que le hace merecedor de la ira del Estado. Después de todo, los poderes públicos se valen, para gestionar la migración, del trabajo social que llevan a cabo en su lugar y de manera benévola las asociaciones. Es más bien el que, mediante la acción que Herrou lleva a cabo con su asociación, desenmascare cuál es la política gubernamental, y lo haga de una manera ejemplar, en sentido estricto.

Por un lado, en efecto, su actividad podría servir de modelo para otras prácticas de resistencia. Como ha señalado el sociólogo Manuel Cervera Marzal, “lo que el Estado no podría tolerar es que esta solidaridad se haga a la vista de todos, que aquellos que ayudan a los migrantes lo asuman públicamente, que exhorten a sus conciudadanos a hacer lo mismo”. Y por otro lado, si la publicidad exaspera a los poderes públicos, es además por otra razón. Evidentemente el Estado ama demostrar su fuerza, pero prefiere mostrarse discreto cuando el mismo contraviene el Derecho. De ahí la vindicta desplegada contra aquellos que aportan las pruebas de su actuación.

En primer lugar, ¿no ha denunciado desde hace tiempo Cédric Herrou la “caza de negros” por parte de los policías que persiguen a los africanos en el paso de la frontera, es decir, las detenciones sistemáticas por rasgos faciales, y por tanto ilegales? El vídeo de su arresto el 26 de julio viene a darle la razón. Un militante interroga a un policía: “Habéis ido directos a por ellos [los africanos]. ¿Cómo saben ustedes de entrada que son demandantes de asilo”. El agente responde: “Un eritreo todo el mundo sabe a qué se parece eso”. Y para rematar: “Ustedes verán, se parecen todos”. La acción militante explicita así la dimensión racial implícita en las políticas migratorias.

En segundo lugar, ¿no mostró el 6 de julio en un vídeo grabado en la estación de Menton cómo los CRS [los antidisturbios] expulsaban cotidianamente a menores extranjeros no acompañados en el primer tren con destino a Italia, despreciando así el Derecho francés e internacional”?

En tercer lugar –y sin duda lo más significativo–, ¿no logró la asociación  Roya citoyenne el pasado el 31 de marzo que se condenase por “violación grave del derecho de asilo” al prefecto de los Alpes- Marítimos, que no había permitido a una familia eritrea depositar su demanda en Francia? Ahora bien, a pesar de esta condena, el Estado persiste en la ilegalidad. Se ve en el vídeo del 26 de julio: cuando a una abogada se le impide ver a su cliente; aunque este tiene cita al día siguiente en la prefectura para realizar su demanda de asilo, se le expulsa ese mismo día…

El juicio de una política 

El trabajo militante consigue sacar a la luz eso que Cédric Herrou llama “la debilidad  del Estado”, una “voluntad de no hacer”, pero también sus prácticas contrarias a la ley y condenadas por la justicia; el trabajo militante hace visible no solo lo que el Estado no hace, sino también (y, tal vez, sobre todo) lo que hace. Lo escribíamos ya en febrero para rendirle homenaje: “Cédric Herrou llama al orden a los poderes públicos que solo invocan la ley para hacer olvidar que no la respetan”. Así se explica la persecución de la que este agricultor es víctima por parte del Estado. “En treinta años”, señaló Herrou (según la nota de AFP), “aquellos que le condenan serán condenados”.

Se trata de juzgar la política migratoria de Francia. El juicio político que sufre Herrou es de esta forma la verdadera ‘contrapartida’. Si dentro de poco, como tenemos motivos para temer, este ciudadano es encarcelado en base a su militancia, habría que considerarlo como un prisionero político, condenado no por haber contravenido la ley, sino por haber mostrado que el Estado que le persigue no la respeta.  Todo esto nos hace acordarnos de la famosa sentencia de Pascal: “Al no poder conseguir que lo que es justo sea obligatorio, hemos hecho que sea justo obedecer a la fuerza”.

——————

[1] El autor realiza un juego de palabras al utilizar la expresión “se faire voir” (irse al carajo) y “faire voir” (hacer ver).

Este artículo se publicó originalmente en el periódico francés Mediapart.

Traducción de Amanda Andrades.

AUTOR

  • Éric Fassin (Mediapart)

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