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“Que el PSOE dijera ‘no’ al CETA enviaría un mensaje poderoso a nivel europeo”

El portavoz de Exteriores de Unidos Podemos asegura que “los tratados de nueva generación modifican sustancialmente el orden constitucional de los Estados”

Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) habla del tratado de libre comercio con Canadá (CETA) con la intensidad de quien lleva tres años estudiando sobre un tema y, por fin, puede explayarse. El diputado de Unidos Podemos-En Comú-En Marea fue el primer asistente de su jefe de filas, Pablo Iglesias, en el Parlamento Europeo tras la irrupción de Podemos en 2014. Y uno de los principales temas que se encontraron en Bruselas fue precisamente la negociación de los llamados “tratados de segunda generación”, que incluyen al CETA, el TTIP o el TISA.

Bustinduy defendió en el Pleno del Congreso el recurso previo de constitucionalidad sobre el CETA, que fue rechazado con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. Un mes después, celebra el “insuficiente” giro de Pedro Sánchez pero defiende que llega tarde, aunque a tiempo. El portavoz de Exteriores del grupo confederal explica en esta entrevista la posición contraria al CETA: “Modifican sustancialmente el orden constitucional de los Estados”.

El PSOE ha anunciado un cambio de postura ante la ratificación del tratado de libre comercio con Canadá. ¿Se esperaban este giro de Pedro Sánchez tan pronto y en una cuestión de tanto consenso en un amplio espectro político europeo?

El cambio de posición ha sido rápido desde la elección de Sánchez, es una de las primeras materias en las que se explicita una nueva postura. Pero yo lo pondría entre muchas comillas. Llega tarde respecto al proceso de ratificación. Hemos perdido una ocasión muy buena de parar el CETA y de pedir que el Tribunal Constitucional se posicionara. Pero es que el CETA, como el TTIP, ha sido objeto de debate ideológico y político profundo en la familia socialdemócrata europea desde hace más de tres años. La campaña contra el TTIP y el CETA no surge ahora, no es una ocurrencia, llevan tres años trabajando las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos, los productores, etcétera. Y desde que llevamos la primera PNL han pasado muchos meses también. El debate viene de antiguo e incluso dividió al propio grupo parlamentario socialdemócrata en Europa y en España en varios parlamentos autonómicos.

Usted estuvo en el Parlamento Europeo durante un año y medio con Pablo Iglesias. Los socialistas franceses y belgas votaron en contra. ¿En qué términos se debatía en 2014 y 2015 el CETA?

La del CETA es una de esas batallas titánicas y quijotescas superdifíciles de traducir a la esfera pública. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha sido la escena de una batalla ideológica y política de primer orden desde 2014. Allí nuestra europarlamentaria Lola Sánchez ha hecho un trabajo titánico para poder sacar esa información, con habitaciones secretas a las que se accedía si firmabas una declaración en la que se pedía a un representante electo que no contara lo que había leído. Los lobbies manejaban la agenda e inyectaban dinero en las campañas, con la industria farmacéutica y la agroalimentaria a la cabeza. Son cosas que se ven en las series de televisión, cuando se cuenta la política del Senado de EEUU.

Nosotros asumimos una prioridad política, que no pasaba por parar el tratado, porque solo teníamos cinco eurodiputados, que era sacarlo a la luz pública. Que se supiera que se estaban negociando tratados que son un expolio sistemático de soberanía popular y que van a amenazar los derechos de las generaciones venideras sin que se supiera, manteniéndolo en secreto.

Pablo Iglesias ha calificado de “insuficiente” el paso del PSOE y va a pedir a Pedro Sánchez que vote ‘no’. Numéricamente no cambiaría nada gracias al apoyo del PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, etcétera. ¿Por qué quieren que el PSOE vote ‘no’? 

El CETA va a ser ratificado la semana que viene en el congreso. Pero ahí no se acaba el proceso. Ahí tiene que pasar al Senado, donde volveremos a pedir el control previo de constitucionalidad. Hay varias vías interpuestas porque falta un informe del CGPJ preceptivo según la ley. Vamos a llevar recursos al Constitucional. Y el CETA, además de en España, se tiene que ratificar en otros 26 países, 27 con Reino Unido, y en algunos de ellos hay debates y serias dudas. Que el PSOE emitiera una posición clara, que dijera que ‘no’, enviaría un mensaje político poderoso a nivel europeo, tanto a la socialdemocracia como a la sociedad.

Y en España, ya parecía difícil que el PSOE cambiara de postura y lo hemos conseguido. A pesar de que el PNV es muy firme en su apoyo, el PDeCAT se ha llegado a abstener en el Parlament. El hecho de que aumentara el frente del ‘no’ haría que aumentara la presión sobre otras fuerzas políticas. Sobre todo las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas, que se supone que su razón de ser es la defensa de la soberanía de su pueblo pero que están dispuestos a entregársela a poderes no elegidos, a las grandes multinacionales, a generar tribunales especiales para las grandes empresas, a restar atribuciones a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas y a modificar sustantivamente el orden constitucional. Tendrían que explicarse, lo que no es poco.

Sería la tercera abstención del PSOE: investidura, moción y censura.

Claro, se está generando un nuevo tipo político porque es una abstención determinante, que permite que pasen cosas. No es la abstención de quien no se quiere posicionar o quien tiene un conflicto interno. Es la abstención como manera de permitir que pasen cosas. Estaría bien que dieran un paso adelante pero a mí me importan mucho más los efectos que las posturas. Yo quiero parar el CETA porque es nocivo. Y para eso hace falta que se mojen.

Pablo Bustinduy, durante una entrevista con eldiario.es
Pablo Bustinduy, durante una entrevista con eldiario.es MARTA JARA / MADRID

¿Por qué es tan nocivo el CETA? ¿Por qué España no debería ratificarlo?

Un Tribunal Constitucional europeo dijo que el CETA tiene personalidad constitucional, que no era un tratado de libre comercio, que normalmente se centran en la eliminación de aranceles para favorecer los intercambios. Estos tratados de nueva generación, el TTIP, el CETA o el TISA, van mucho más allá porque modifican sustancialmente el orden constitucional de los Estados.

El CETA tiene muchísimos problemas en muchos ámbitos, pero sobre todo en dos. El primero es que crea una jurisdicción propia para empresas multinacionales separada de nuestros tribunales y de los tribunales internacionales. Se crea un ordenamiento jurídico paralelo especial al que no tienen acceso los ciudadanos. Rompe principios jurisdiccionales como la unidad de jurisdicción o que la Justicia sea gratis e igual para todos.

Pero este tipo de tribunales ya existe. El del Banco Mundial ha fallado a favor de quienes invirtieron mucho dinero en las renovables en España y lo perdieron mientras la justicia ordinaria no se termina de pronunciar. ¿Es una oposición a ese tipo de tribunales ‘per se’?

Hay más de 700 demandas en curso en tribunales de arbitraje contra Estados. Y España fue el país más demandado en 2015 en gran medida por el escándalo de las renovables pero no solo. No es una cuestión de posicionarse a favor o en contra del comercio internacional, sino de cuál es el marco normativo que va a regir el comercio.

Lo que hacen con el CETA es coger ese sistema de arbitraje que ya existe y formalizarlo. El CETA es el bautismo digamos jurídico de estas jurisdicciones especiales en las que se le reconoce a los grandes inversores la capacidad de litigar con Estados por cuestiones como subir el salario mínimo, hacer una reforma tributaria o aprobar legislación medioambiental más restrictiva. Y las multinacionales pueden demandar a esos Estados por lo que llaman “obstáculos no arancelarios”, que es un eufemismo extraordinario, que rebaja sus expectativas de beneficios. Esto cuestiona el principio de autogobierno, que un pueblo democráticamente se dote de un Gobierno para definir su salario mínimo o la legislación medioambiental. Estamos generando un mundo no de ciudadanos, sino de consumidores gobernados por empresas.

Pero en el caso del CETA son jueces los que integran el tribunal.

Los han llamado jueces. El CETA en principio preveía estos paneles de arbitraje donde además hay unas puertas giratorias tremendas donde el árbitro de un gran caso pasa a ser fichado por la multinacional. Ahora lo llaman tribunal, pero en la práctica es un tribunal especial para empresas multinacionales y donde los Estados van a ir a defenderse de tiburones que cuestan millones. Es un submundo que un ciudadano no puede imaginar. Atacan, socavan y minan la soberanía de los Estados a través de la generación de estos ámbitos a los que llevan el principio de la especulación.

Hablaba de derechos sociales, laborales y medioambientales. ¿Qué repercusiones puede tener el CETA?

Este es el segundo aspecto que decía. Se crean organismos de cooperación reguladora o cooperación normativa que están compuestos por cargos no electos cuya tarea es la armonización reguladora para generar un proceso de convergencia de las normas en distintos ámbitos como fitosanitario, agrícola o sanitario, entre países que tienen normativas diferentes.

¿Canadá es un país con el que no queremos igualarnos?

Bueno, depende. Canadá es un país con aspectos envidiables y con una política de integración y de multiculturalidad única. Al mismo tiempo también tiene algunas de las grandes multinacionales en el sector de la minería que han actuado de manera más salvaje y de un coste medioambiental enorme. La regulación en materia alimentaria o de investigación es distinta. Es normal, porque los países tienen tradiciones y culturas normativas diferentes. La idea de generar procesos de armonización a mejor y que se priorizaran los derechos medioambientales, sociales y de las mujeres no tendría que ser malo. El problema es que la manera en la que se procede es generar unos espacios no elegidos que van a tener capacidad normativa para modificar o limitar las decisiones que tomen los representantes públicos elegidos en comunidades autónomas o ayuntamientos.

Es un ataque en toda regla al principio democrático. También con Maastricht decían que el resultado iba a ser que la gran industria de Francia y Alemania se iba a repartir por toda Europa y se iban a equiparar las rentas y los niveles de desarrollo y prosperidad. Y había estudios como con el CETA, que dicen que va a crear millones de puestos de trabajo. Son los mismos informes pagados por las patronales y son mentira.

En el PSOE hay voces que critican la decisión de Pedro Sánchez y diferencian entre la negociación y ratificación del TTIP, el acuerdo con EEUU, de este con Canadá. ¿Son tan distintos?

Hay un giro estupendo ahora porque el TTIP no sale. [Pierre] Moscovici [comisario económico de la Comisión Europea] dijo que no le gustaba el TTIP pero el CETA sí. Venga, hombre. Son los mismos. A veces la política es muy fácil y es ver quién defiende qué. Quién está contra el CETA y estaba contra el TTIP: asociaciones de jueces, de productores, mujeres, medioambientales, los grandes sindicatos incluidos CCOO y la UGT, 2.300 entes municipales en toda Europa, etcétera. ¿Quién lo defiende? Partidos políticos de derechas y liberales, las patronales y los agentes económicos con intereses en el comercio.

Es verdad que tienen cosas diferentes el TTIP y el CETA pero se parecen. El CETA se usa como puerta de atrás por si falla el TTIP porque muchas de las grandes empresas de EEUU tienen filiales en Canadá y las pueden utilizar.

Tras la crisis financiera todo el mundo está en fase de reordenación, los mercados de materias primas, los equilibrios geopolíticos, China está asumiendo un papel distinto, etcétera. Los tratados internacionales de nueva generación están intentando reordenar en una clave de expolio de la soberanía popular esta situación de incertidumbre. Quieren generar un nuevo orden dominado por los intereses de las multinacionales que se haga irreversible.

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