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31 empresas ocultan facturas de gastos electorales del PP

El Tribunal de Cuentas detecta en su último informe infracciones durante la campaña del 20-D por un importe de tres millones de euros

También encuentra sociedades que no comunicaron la información de sus servicios a otros partidos por valor de 700.000 euros

Nunca más de 260 millones en dos elecciones seguidas, por Carlos Segovia

Lapsus. Error. Despiste. Premeditación. Sea como fuere, lo cierto es que hasta 45 empresas no remitieron información detallada de la facturación efectuada a los partidos políticos por importes superiores a 10.000 euros durante la campaña para las elecciones generales de diciembre de 2015.

Los servicios prestados supusieron cobros por un montante total de 3,7 millones de euros, según ha denunciado el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de las contabilidades correspondientes a los comicios de 2015.

La mayoría de las empresas citadas trabajó para el Partido Popular. En esta fiscalización de los ingresos y gastos se ha identificado a 31 proveedores populares por prestación de servicios o adquisición de bienes, con una facturación conjunta de 2,8 millones de euros, que no informaron de sus trabajos.

«La obligación de las empresas de aportar información detallada tiene como fin que el Tribunal de Cuentas pueda contrastar la información declarada por el partido en su contabilidad electoral con la suministrada por dichos proveedores», explican desde el órgano fiscalizador.

Los partidos han pagado por los servicios recibidos y lo incluyen en su contabilidad electoral; son las empresas las que no aportan al Tribunal el detalle de las facturas cobradas.

Esta ocultación de información supone una infracción en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley orgánica del Régimen Electoral General. En el artículo 133.5 de la norma se estipula que «deben informar al Tribunal de Cuentas las empresas que hubieren facturado con aquellos partidos y asociaciones mencionados en el párrafo primero, por gastos electorales superiores a 10.000 euros».

Este órgano en su proceso de fiscalización incluye la identificación de las empresas que han incumplido la mencionada obligación y, en su escrito, advierte de que lo hace «con independencia de otras actuaciones que pudieran llevarse a cabo de conformidad con la legislación vigente».

Las otras actuaciones posibles pueden corresponder a otras instancias distintas del Tribunal. La Ley Electoral (art. 153) prevé la imposición de multas de 100 a 1.000 euros a los particulares que hubieran incurrido en alguna infracción de las obligaciones previstas, siempre que no constituya delito electoral. La posible imposición de la multa, si procede, corresponde a la Junta Electoral, en ningún caso al Tribunal que sólo tiene facultad para imponer sanciones a los partidos políticos, nunca a los particulares.

Es llamativo que el 76,8% de la facturación no detallada corresponde a empresas que prestaron sus servicios al PP y ocultaron los pormenores de su relación comercial con el partido que preside Mariano Rajoy, y que ganó la cita electoral del 20-D.

En el listado que detalla el Tribunal de Cuentas destacan dos empresas por encima del resto, debido al montante facturado: Cibeles Mailing SA y Sundis SA. La primera, que facturó 665.118,48 euros, ofrece, según detalla la propia empresa, soluciones integrales en marketing directo, comunicación y distribución. La segunda, que facturó al PP 531.162,78 euros, se dedica a proporcionar soluciones de publicidad exterior no convencional como lonas de fachada, pancartas, corpóreos, mástiles, torretas, vallas diferentes…

Sundis es un empresa que mantiene una relación de hace años con el PP y en la que se ha producido algún que otro incidente: el partido fue acusado en la campaña de las elecciones generales de 2011 de pedir el voto antes de tiempo en varias ciudades después de que esta compañía colgara sus carteles electorales antes de lo debido. En aquel momento justificó el error como producto de un «fallo de coordinación» y se atribuyó toda la responsabilidad, intentando desvincular al Partido Popular.

La ocultación de información de los contratos de empresas que facturan al PP no es un hecho nuevo. Ya en el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a la campaña de las generales de 2011 se identificaron 16 proveedores que sumaban una facturación de 804.784,21 euros, y que no proporcionaron información.

Más recientemente, con motivo de la campaña para las elecciones europeas de 2014, fueron cinco empresas las que ocultaron información y que en total recibieron 100.781,91 euros en pago a sus servicios. Como se aprecia en los datos, el número de empresas y el montante no ha hecho sino aumentar.

Tampoco informaron de sus contratos empresas que prestaron servicios al PP en sus coaliciones con el Partido Aragonés y con Foro. En el primer caso se trata de seis proveedores con contratos por un valor de 133.866,14 euros. En el segundo, son dos compañías y 50.461,84 euros que no van acompañados de explicación. Llama la atención que en los tres casos -PP, PP con el Partido Aragonés y PP con Foro- hay una empresa reincidente en no detallar sus contratos: Serigrafía Margi, dedicada a las artes gráficas.

Con todo, pese a que las empresas proveedoras del PP acaparan la mayor parte de irregularidades, hay otros dos partidos que también se ven afectados: PSOE y Podemos.

En el caso de los socialistas, se trata de su acuerdo con Nueva Canarias: la empresa Artes Gráficas Coyve no desgrana la factura que les pasó al cobro por 17.685 euros. Por lo que respecta a trabajos realizados para el PSC, figuran tres empresas –Gran Festival (11.470,60 euros), Mucho Audiovisual (41.359) e Industrias Rodríguez (25.370,40)- que ocultaron información.

En el caso de Podemos, se trata de CM Norte Comercial Multimedia, cuya actividad son los servicios de publicidad, las relaciones públicas y similares. Esta firma no aportó la información correspondiente a un contrato de 14.822,74 euros.

Los dos principales partidos independentistas catalanes tampoco se libran del incumplimiento en materia de transparencia por parte de sus proveedores. Democracia i Llibertat / Convergència contrató a cinco empresas que no informaron al Tribunal de Cuentas, y cuya factura total ascendió a 415.066,86 euros. De esta cifra, 327.072,93 euros corresponden a la contratación de Alpha Publicidad Exterior.

El caso concreto de ERC es especialmente llamativo porque sólo hay un proveedor que oculta información por un contrato de 23.172,47 euros: la Fira Internacional de Barcelona. Llamativo porque se trata de un consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Cambra de Comerç de Barcelona, que combina la titularidad pública con una gestión empresarial autónoma.

Sorgente: 31 empresas ocultan facturas de gastos electorales del PP

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